"Capturan a presuntos delincuentes relacionados con la desaparición y homicidio de familia de Culiacán; desmantelan peligrosa banda criminal en Nayarit"

Por Norma Cardoso
Luego de que se reportara la desaparición, de Laura Elena Acosta Pérez, su esposo Roel López Duarte y su sobrino Jesús Manuel Serrano Avendaño, quienes viajaban en un auto Toyota Camry, de Culiacán con destino a la capital de Nayarit, este lunes 27 de enero, el Fiscal General de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, dio a conocer que fueron detenidos: Luis Daniel N y Raúl Manuel N, relacionados con estos hechos; además mencionó a Sebastián de Jesús N, quien fue relacionado con esta banda delictiva, pero capturado con anterioridad, por diferente carpeta de investigación.
De acuerdo a lo señalado por la autoridad estatal, los dos primeros, fueron imputados por los delitos de robo, asalto, asociación delictuosa en su modalidad de pandilla, secuestro agravado y delito vinculado con desaparición de persona; mientras que ya se había cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Sebastián de Jesús N, por presunta responsabilidad en los delitos de encubrimiento de robo, encubrimiento de asalto, encubrimiento de asociación delictuosa en su modalidad de pandilla, encubrimiento de secuestro agravado y encubrimiento del delito vinculado con la desaparición de personas. A esta persona ya se le dictó una orden de aprehensión por una investigación de una carpeta de investigación distinta a la de los integrantes de la familia de Culiacán.
Subrayar, que Sebastián de Jesús N, formaba parte de la banda criminal, sin embargo, hasta el momento no ha sido vinculado al hecho delictivo de las personas que venían de Culiacán. No obstante, se tiene relacionado en otro hecho delictivo que lo involucra con un comerciante de joyas.
Asimismo, el Fiscal de Nayarit, detalló que, "sobre el homicidio de las personas de Culiacán, los delitos tuvieron su origen en los límites de Nayarit y Sinaloa, pero se materializaron en territorio Nayarit".
Destacó el servidor público que, ’el pasado 8 de enero del presente año, se nos informó que tres personas que viajaban de la ciudad de Culiacán a la ciudad de Tepic, empezaron a tener contacto con sus familiares para solicitarles la cantidad de 40 mil pesos, a efecto de poder llevar a cabo la reparación de su vehículo y pagar el arrastre de la grúa, en la Concha, Sinaloa. Dichas transferencias sí fueron realizadas por familiares; posteriormente, se pierde toda comunicación con ellos’.
También expresó el Fiscal nayarita que ’el 9 de enero se presenta la denuncia en la Fiscalía General del Estado, en la Unidad Especializada de Investigación de Personas Desaparecidas, iniciando los actos de investigación para la localización de las víctimas’.
El Fiscal Díaz Ponce Medrano, resaltó la cooperación de la ciudadanía ’que en nuestros actos de investigación tienen la calidad de testigos protegidos, pero solamente teniendo esta colaboración de autoridades y ciudadanía, vamos a seguir teniendo nuestro estado bajo control y condiciones de una convivencia adecuada. Si no hubiera sido por la confianza que nos mostró la ciudadanía, algunos datos relevantes, no hubiera posible materializarlo.
’Era una banda que operaba, principalmente, durante la noche, aprovechando la poca visibilidad de la zona, en un vehículo Mazda CX3 rojo, equipado con códigos luminosos policiales los famosos códigos o estrobos, para simular ser elementos de corporaciones de seguridad, una vez que detenían los vehículos que resultaban de su interés, sometían a los conductores y a los pasajeros despojándolos de dinero en efectivo, tarjetas bancarias con sus respectivos NIPS, para realizar transferencias y teléfonos celulares en algunos casos forzaban a las víctimas realizarles las transferencia a sus familiares como condición para su liberación, posteriormente los vehículos eran robados y las víctimas privadas de la vida e inhumadas clandestinamente’, dictó el Fiscal.
También sostuvo, ’nos llamó mucho la atención que los presuntos delincuentes ya traían una terminal de pago de la conocida de un sistema, de una página muy conocida donde se compra en línea y que termina en ’pago’, una terminal electrónica, y no lo iban a sacar a un cajero, si no que ahí mismo llevaban a cabo su transacción. Tenemos realizados los actos de investigación para localización de las cuentas y el destino final del efectivo, pero son los datos técnicos que nos resulta difícil en el tiempo’.
Por su parte, el Subfiscal de Nayarit, Daniel Cortés Araujo relató ante los medios de comunicación que, fue a través de una orden de cateo se decomisó: tres dispositivos móviles, un arma de fuego de 9 milímetros abastecida con once cartuchos, un portafusil de arma larga en color negro, una pala de trabajo, una terminal bancaria de Mercado Pago, un par de tenis que corresponden por sus características a una de las víctimas.
El 21 de enero, -puntualizó el subfiscal,- se localizó una fosa clandestina ubicada en la localidad de Pescadero, municipio de Rosamorada, donde se encontraron tres cuerpos sin vida, así como elementos balísticos. Se realizaron pruebas científicas de genética, que confirmaron la identidad de las víctimas mediante el análisis de ADN, se cumplieron con aseguramientos que incluyen un arma de fuego calibre 40 y dos vehículos, un Mazda CX3 color rojo y un Toyota Camry color blanco, ambos con reporte de robo. Cabe mencionar que el carro color blanco era en el que viajaban las tres personas que fueron localizadas en Rosamorada. Estos autos fueron asegurándolos en la cercanía de la Universidad Tecnológica de Santiago Ixcuintla, donde se corroboró su número de serie con el de reporte de robo presentado por los familiares.
En relación de los hechos, de acuerdo a los exámenes periciales en balística se determinó que tres de los indicios balísticos encontrados en la fosa corresponde al arma calibre 40, la cual pertenece a uno de los imputados,
Sobresale, que las penas establecidas para delitos imputados a los detenidos son las siguientes, asalto de 7 a 20 años de prisión; asociación delictuosa en su modalidad de pandilla, de 3 a 8 años de prisión; delito vinculado con la desaparición de personas, de 15 a 20 años de prisión y secuestro agravado de 8 a 140 años de prisión; en total, la pena máxima que podrían alcanzar los imputados es de 478 años.
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