José Luis Uribe Ortega | Club Primera Plana

LAS FUERZAS ARMADAS NO DEBEN ESTAR FUERA DE LOS CUARTELES: WILFRIDO ROBLEDO



EU pone adictos a las drogas y México, los muertos.
No le creo a López Obrador

LAS FUERZAS ARMADAS NO DEBEN ESTAR FUERA DE LOS CUARTELES: WILFRIDO ROBLEDO
Marzo 11, 2018 17:32 hrs.
Seguridad ›
José Luis Uribe Ortega › Club Primera Plana

Tras manifestar su desacuerdo en que las fuerzas armadas estén fuera de los cuarteles haciendo funciones policiacas, el almirante Wilfrido Robledo consideró que cuesta más trabajo formar policías en tanto que los militares están acostumbrados a recibir órdenes, reitero que la Ley de Seguridad Interior propuesta por el Ejecutivo es para normar la actuación de los militares, no para protegerlos.
En sesión comida de trabajo del Club Primera Plana, presidido por quien escribe, el militar retirado asistió en calidad de invitado de honor, por su amplia trayectoria en materia de seguridad y al referirse a la actual situación que prevalece entre Estados Unidos y México en materia de narcotráfico, Consideró que el vecino país del norte es un gran mercado consumidor de drogas y que mientras sus legisladores aprueban el consumo y su producción, México sigue poniendo los muertos.
Asimismo fue inquirido sobre su punto de vista para el proceso electoral que tendrá nuestro país en julio próximo y fue contundente al señalar que de todos los aspirantes a ocupar la Presidencia de la República, al que menos cree sus ofrecimientos y programas manifestados hasta el momento es a Andrés Manuel López Obrador, a quien, dijo, conozco de hace muchos años y se claramente su manera de actuar.
Por considerar de interés la presentación del almirante Wilfrido Robledo ante los miembros del club de periodistas más antiguo de México y mayor arraigo en el gremio periodístico, ’Club Primera Plana’, lo publicamos casi en su totalidad:

Uno de los servidores públicos mexicanos con mayor conocimiento en temas de inteligencia y seguridad, habló ’acerca de los errores políticos de los tres últimos gobiernos que han llevado a la crisis de seguridad que hoy vive el país: de la aberración legal y operacional del mando único, explicando por qué las Fuerzas Armadas deben estar en sus cuarteles, la discusión impostergable sobre normar el consumo y comercialización de la mariguana y el significado del CISEN’, entre otros asuntos
Se trata de un almirante de la Marina Armada de México en retiro, que ahora se dedica a la consultoría privada pero que a lo largo de sus 55 años de trayectoria ha obtenido reconocimientos de más de 15 países, así como de agencias internacionales de inteligencia como las de Estados Unidos, Israel, España, Francia y Gran Bretaña.
Entre sus tareas realizadas están: a finales de los años ochenta rediseñó el Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional (CISEN); a finales de los noventa fundó la Policía Federal Preventiva, y en este siglo reorganizó la extinta Agencia Federal de Investigaciones e impulsó la Sección Segunda de Inteligencia de la secretaría de Marina, el área más eficaz del gobierno federal en la materia hoy en día.
Mi intención fundamental ha sido exponer la principal cuestión que desde el inicio de este nuevo siglo los mexicanos estamos viviendo de una manera creciente: la inseguridad pública por un lado y el avance, mutación y especialización de la delincuencia organizada, por otro.
Para ello mostraré algunas de las tendencias y el comportamiento que han tenido en encuestas y mediciones de todo tipo los índices que arrojan tanto el INEGI como el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como diversas consultoras e instituciones académicas. Conviene destacar que la inmensa mayoría (95 por ciento) de los delitos que se cometen en nuestro país son del fuero común, es decir, son delitos que golpean directamente a la población, como el robo a transporte, a transeúnte, a casa habitación y a comercio, en tanto los delitos federales representan sólo el 5 por ciento y se refieren a tráficos de armas, personas o droga, básicamente.
Hablo sobre los Gastos en seguridad: Justicia 117 mil millones 925.78 pesos; Procuraduría, Derechos humanos; asuntos de orden público y de seguridad interior 40 643.92 Policía SNSP; Seguridad Nacional 86 596.74; Defensa 59 845.35; Marina 23 211.02; Inteligencia para la preservación nacional 3 540.74; Inteligencia para la seguridad nacional 2823.45 ;Asesoría, coordinación y apoyo a las actividades del presidente de la república 700.701; Integración y coordinación de las instituciones de Seguridad Nacional 16.22
Una parte de su presentación se refirió a una década de ilícitos: Los delitos que las autoridades debieran atender de manera prioritaria son los que alteran directamente la convivencia social y generan incertidumbre. Las cifras oficiales demuestran cómo en la última década han escalado los delitos como robo con violencia -incluyendo robo a negocio, de vehículos, los asaltos violentos en carreteras-; así como los homicidios, las extorsiones y los secuestros.
Por ejemplo, al comparar las estadísticas de criminalidad registradas en 2007 con las de 2017 se advierte que en el caso de los robos con violencia a nivel nacional hubo un incremento de más del 44%, en el caso de los hurtos a negocio se disparó en 181% y el asalto en carreteras del país se elevó a 362.93 por ciento.
Es conveniente señalar que al cierre del año 2017 el número de homicidios dolosos en México fue de 25, 339, 23 por ciento más que el año anterior, y sin duda, el que tuvo el número más alto en el sexenio de presidente Peña hasta ahora. Y es el mismo caso para la extorsión y el robo de vehículo, es decir, tenemos un escenario donde la violencia y la falta de autoridad se incrementan)
En nuestro país tenemos alrededor de 450 mil policías estatales y municipales, y 40 y tantos mil policías federales (más los destinados por la SEMAR y la SEDENA a labores propias de esas policías), pero el presupuesto que se destina a la federación es inverso a los delitos que atienden.
Es decir que hoy tenemos un desorden en las responsabilidades otorgadas por la Constitución de la Republica al ejercicio de policía en los tres niveles de gobierno y una confusión en los esquemas para atender la seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad interior
Cumplir con el mandato constitucional que explica las responsabilidades de las distintas policías por nivel de gobierno y hacer de la coordinación entre ellos la mejor herramienta para controlar, disminuir y abatir los índices delincuenciales tanto del fuero común como del federal, diferenciando claramente ámbitos de competencia, atribuciones y protocolos de actuación.
Veamos además lo que ocurre con la Ley de Seguridad interior, la falta de consulta entre varios sectores muy importantes para su análisis, la falta de análisis del poder legislativo para regular en el artículo constitucional indicado lo que corresponde a las fuerzas armadas y, algo muy grave, el rezago que le da al poder civil que las fuerzas armadas realicen labores de policía.
La ley de Seguridad Interior : Seis puntos para entenderla
La ley establece que la seguridad interior es una parte de la seguridad nacional y ésta se entiende como el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados a garantizar la vigencia del orden constitucional, lo cual causa confusión, según las organizaciones que se oponen al dictamen.
El artículo 7 establece que los actos realizados por las autoridades deberán preservar los derechos humanos y sus garantías, y en los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro, el Presidente, con la aprobación del Congreso o de la Comisión Permanente, podrá suspender o restringir en un lugar determinado el ejercicio de estos.
El artículo 8 establece que "las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior".
El artículo 11 establece que el Presidente de la República podrá ordenar por sí la petición de las Legislaturas de las entidades federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención del Ejército y la Marina para implementar acciones de seguridad interior en zonas de conflicto, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
El artículo 12 indica que en el caso de que superen las capacidades de las autoridades competentes o que se originen por la falta o insuficiente colaboración de estados y municipios, el Presidente determinará la procedencia de la intervención de la federación y expedirá dentro de 72 horas la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional.
El Presidente podrá ordenar acciones inmediatas a las fuerzas federales y fuerzas armadas en los casos en que las amenazas a la seguridad interior representen un peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones. La intervención de las fuerzas armadas no podrá exceder de un año, de acuerdo con la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, pero puede prorrogarse por acuerdo del Presidente mientras subsista la amenaza.
Un tema fundamental lo constituye saber qué hacer con la institución de inteligencia del Estado mexicano, cuál es su papel, qué ley lo debe regir, cómo debe integrarse y, sobre todo, los perfiles de las personas que allí deben laborar
Otro tema de vital importancia para la democracia mexicana es la advertencia que ha hecho el rector Enrique Graue sobre la necesidad de que en el país se replanteé la política de consumo y comercialización de las drogas, particularmente en lo que a mariguana se refiere.
Es fundamental que no perdamos de vista que México es quien pone los muertos en esa guerra fallida, y los estadunidenses a los adictos. Que mientras ellos controlan la descomposición social que las adiciones propician y sus problemas son tratados allá como un riesgo de salud pública, nosotros lo vemos aquí como un asunto de seguridad pública atendido a través de las armas.

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