México participó en el 123o. periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos


México participó en el 123o. periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos


Abril 29, 2018 20:55 hrs.
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comunicado › Mi Diario Nayarit

El 26 y 27 de abril de 2018, una representación del Gobierno de la República participó en una audiencia pública sobre el Caso Alvarado Espinoza y otros, a la que fue convocado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de su 123º período ordinario de sesiones, celebrado en San José, Costa Rica.

La delegación de México, se integró por funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República, y del Gobierno del Estado de Chihuahua.

La audiencia del caso, que versó sobre la desaparición de tres miembros de la familia Alvarado Espinoza en el Municipio de Buenaventura, Chihuahua, cometida el 29 de diciembre de 2009, permitió exponer ante la Corte Interamericana los avances en las indagatorias impulsadas por el Estado mexicano para esclarecer los hechos e identificar a los responsables, así como compartir los planes de investigación y búsqueda en el caso.

Así, se destacó que las acciones en el marco de las líneas de investigación a la fecha incluyen 1,360 diligencias, entre las que destacan 172 declaraciones ministeriales, 98 dictámenes periciales, 578 informes de diversas autoridades de diferentes niveles de gobierno, y 30 inspecciones ministeriales, incluso a instalaciones militares.

En ese marco, el Estado mexicano subrayó que a la fecha no existen elementos fehacientes que acrediten la participación de agentes del Estado en los hechos, dado que no existen pruebas directas suficientes para concluir que el grupo de individuos que privaron de la libertad a las presuntas víctimas del caso hubieran sido agentes estatales.

Al contrario, en la audiencia se aportaron elementos específicos en los hechos del caso, que se vinculan con las actividades ilícitas propias de la delincuencia organizada. Además, se hizo patente que tres días antes de los hechos, personal militar no estuvo presente en el Municipio de Buenaventura, abandonando el lugar el 26 de diciembre de 2009.

Se precisó que, conforme al contexto que imperaba en Chihuahua al tiempo que sucedieron los hechos del caso, se registraba una fuerte presencia de organizaciones delincuenciales y que su forma de operar tenía como fin ampliar los espacios en los que desarrollaban diversas actividades ilícitas, como robo, homicidio, lesiones, extorsión, quema de inmuebles y privación ilegal de la libertad.

Además, dichos grupos recurrían al uso de vestimenta tipo militar, como se hizo patente en la exposición en el marco del presente caso.
También se hizo énfasis en las medidas y programas que el Estado mexicano implementó a fin de dar respuesta a la situación que prevalecía en la región y combatir la inseguridad, lo que logró la reducción en el número de homicidios dolosos en la época y otros delitos relacionados.

Con todo ello, se sostuvo que la desaparición de las tres víctimas no es atribuible al Estado, y que no se comprueban los elementos para establecer la existencia de una desaparición forzada en el presente caso, además que no habría existido un móvil que haya sido dirigido o encaminado por parte de agentes del estado a la desaparición de las presuntas víctimas.

El Gobierno de la República reconoce el dolor de los familiares de los hechos del presente caso, y de las personas víctimas de desaparición, al tiempo que reitera que continuará implementando los esfuerzos que sean necesarios para esclarecer el caso y para seguir avanzando en la prevención y erradicación de la desaparición de personas en el país, y la correspondiente atención a las víctimas.

México reitera su reconocimiento a la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la protección de los derechos humanos, y en el fortalecimiento de los estándares en la materia.

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