Por las desapariciones forzadas en entidades como Veracruz y Nayarit piden que se investiguen como crímenes de lesa humanidad

Por Norma Cardoso

Integrantes de las organizaciones Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. y la Federación Internacional de Derechos Humanos, informaron que se reunieron con integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) con el fin de denunciar el incumplimiento de sus recomendaciones por parte de México. Esto en el marco del 25 Periodo de sesiones del CED.

Dichas asociaciones manifestaron el incumplimiento respecto de las recomendaciones que el Comité dio a México tanto en su informe de visita en 2021, como a sus observaciones de seguimiento, señalando que existen instituciones, mecanismo y protocolos para la búsqueda e investigación de desapariciones forzadas, persisten obstáculos que dificultan la realización de investigaciones en esos asuntos.

Asimismo, señalan que en casos como Veracruz y Nayarit han documentado la comisión de crímenes de desaparición forzada constitutivos, en los términos del artículo 5 de la Convención y el Estatuto de Roma, de crímenes de lesa humanidad.

Dijeron, de igual manera, que los crímenes de desapariciones forzadas no han sido investigados de manera inmediata y exhaustiva y permanecen en la impunidad. Es así que recomiendan que se cambie la forma en que las autoridades judiciales nacionales abordan las desapariciones forzadas, para que se investiguen como crímenes contra la humanidad, identificando patrones.

Diana Palencia Ochoa, de Litigio Estratégico, acompañada de la Encargada de Programa para las Américas de la Federación de Derechos Humanos, comunicaron que insistieron al CED para que envíen a la Asamblea General de la ONU la situación de México por la comisión de crímenes de lesa humanidad, en virtud del Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Se informó que, el examen a México se llevará a cabo este 13 y 14 de septiembre y el Estado deberá de dar cuenta de la respuesta sobre las recomendaciones del Comité y se le podrá preguntar sobre la información y las preocupaciones de las organizaciones defensoras de derechos humanos IDHEAS y FIDH.