Por Alfredo Padilla
Habitantes de la comunidad indígena de San Gerónimo Jomulco, Municipio de Jala, se reunieron este miércoles 10 de agosto del presente, en céntrico hotel de la Capital, para dar parte del resolutivo que emitió en el año 2019 un juzgado federal a su favor, a efecto de que se ejecute el pago indemnizatorio por las afectaciones derivadas de la construcción de la presa El Cajón, hace 17 años. Encabezados por Salvador Ahumada Sánchez, y con auxilio del Licenciado Abel Surita Estrada, señalaron que son 2 mil 800 personas las afectadas, integrantes de Pueblos Originarios.
En conferencia de prensa, lamentaron que hasta el momento no se haya respetado la sentencia que otorga razón a su lucha, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) simplemente haya ignorado y puesto trabas al derecho de los afectados. Por tanto, se habló de una próxima reunión con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, donde se espera prive la sensibilidad y la voluntad de cumplir con lo dispuesto por las leyes a favor de la comunidad.
El caso constituye sin duda una oportunidad singular para que el Gobierno Federal, refrende en hechos de proba eficacia su compromiso por las causas de los pueblos originarios, ya que desde el primer día en que el Presidente Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como tal, se ha pronunciado por el que, en un acto de elemental justicia, se restituya cabalmente su derecho a la inclusión en todas las políticas y acciones de desarrollo. Y esto ha quedado claro, mediante eventos a los que se ha buscado dotar de impacto histórico, como el de la reciente reunión en Jesús María, Municipio de El Nayar, donde representantes de los estados de Durango, Jalisco y Nayarit, pactaron medidas de protección, preservación y enriquecimiento de la cultura, a un tiempo que de justicia para los pueblos originarios. Esta reunión comporta por ahora, punta de lanza para futuros evento de este tipo.
A la espera de una solución definitiva a este conflicto, que lleva mas de 3 años con la respectiva resolución de los tribunales, solo queda observar entonces cómo y cuándo finalmente se hace efectivo el apoyo incondicional que los gobiernos de la llamada 4T han propugnado a favor de los pueblos originarios, respaldo que, cabe hacer hincapié, el Gobierno del Doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, y la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce Méndez, han traducido acorde a las competencias de cada cual, con el proyecto de Ciudad de las Artes Indígenas, que se plantea construir. De tal suerte por eso, que tal interés de beneficiar a las comunidades indígenas, seguramente podrá empezar con grandes dividendos en términos de reconocimiento social, a partir de la eficacia con la que finalmente se pueda hacer efectiva la decisión de los jueces, y San Gerónimo de Jomulco, Municipio de Jala, pueda por fin ver que la justicia ya los incluye y los beneficia en la realidad.
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